En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 – 2026: Colombia, potencia mundial de la vida, se concibe la educación como un derecho fundamental progresivo, apoyado en cuatro pilares:
1. Educación superior de calidad, pertinente y gratuita, con una apuesta por la ampliación de cobertura.
2. Educación básica y media de calidad, que incluye la formación y vinculación de nuevos docentes, la mejora de condiciones de infraestructura física, reformas curriculares y modificaciones en el sistema general de participación.
3. Plan de alimentación escolar, que garantice la seguridad alimentaria de los niños y niñas dentro del sistema educativo.
4. Educación para la paz y la convivencia.
Estos pilares trazan la hoja de ruta que debe seguir la educación y definen qué se debe hacer. Sin embargo, las estrategias de implementación; especialmente en la educación superior pública, han sido confusas, fragmentadas y carentes de una priorización estratégica. En casi tres años de gobierno, los avances en educación superior pública han sido significativos, pero aún están lejos de alcanzar las metas propuestas.
Por consiguiente, podríamos señalar: 1. En materia de ampliación de cobertura, se han logrado 155.000 mil nuevos cupos, frente al objetivo de 500 mil. 2. La construcción de nuevas sedes universitarias regionales ha tenido inconvenientes y lentitud en su ejecución. 3. La Ley de educación presentada al Congreso, no alcanzó los consensos, hundida por el Senado de la República. 4. El proyecto de ley para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, sin iniciar trámite en plenaria del Senado, postergando con ello, la construcción de un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de la universidad pública. 5. Avances en la reconceptualización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad; racionalizando procesos y trámites enfocados a una gestión del fomento de la calidad; es decir, una política de aseguramiento de la calidad centrada en la promoción de la misma, no solo en la inspección y vigilancia como modelo dominante. 6. En cuanto a la gratuidad de la matrícula, convertida en política pública para los estudiantes de escasos recursos económicos. 7. La ampliación de recursos para funcionamiento adicional al IPC ha sido un avance para mejorar las condiciones financieras de las universidades.
Recientemente, el presidente de la república anunció en un encuentro con rectores del Sistema de Educación Superior Público; la destinación de 2.14 billones de pesos para funcionamiento; esto, con el propósito de invertirlos en ampliación de cobertura; con ese apalancamiento financiero lograríamos un avance significativo para acercarnos a la meta de 500 mil nuevos cupos en educación superior.
En este sentido, desde el Sistema Universitario Estatal, SUE, aportamos experiencias y capacidades para lograr ese propósito. Para ello, es necesario un liderazgo amplio y vinculante del Ministerio de Educación Nacional, que involucre de manera concertada a los actores del sector, con el fin de operativizar y poner en marcha las estrategias de ampliar cobertura; teniendo como prioridad, las regiones y territorios donde el indicador de acceso es bajo, sin dejar de lado las zonas azotadas por la violencia y el abandono estatal y, no continuar repitiendo el modelo centralista de distribución de recursos. La apuesta del Gobierno ha sido amplia y ambiciosa en materia de cobertura, infraestructura, regionalización, financiamiento, integración de los niveles del sector; que tiene como finalidad, garantizar la educación superior como un derecho fundamental de manera progresiva.
El Gobierno ha propuesto en materia de educación superior, los cambios y transformaciones que por décadas hemos demandado. En consecuencia, su realización implica un liderazgo que incluya la diversidad y pluralidad del sector; necesitamos una educación de calidad y pertinente, que esté al alcance de los jóvenes. Aún estamos a tiempo de alcanzar la meta.
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