El caso penal contra el fiscal Mario Alberto Lora Correa, conocido como el “fiscal Antibacrim”, podría terminar en la impunidad si no se emite pronto una decisión judicial. A menos de dos días de vencerse un nuevo plazo otorgado por la Corte Suprema de Justicia, la apelación al controvertido preacuerdo que le permitiría cumplir una pena en casa sigue sin ser resuelta por la Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Montería.
Lora Correa, quien fue procesado por el homicidio de los jóvenes Harold David Suárez Rivas y Camilo Andrés Rodríguez, ocurrido el 19 de junio de 2016 en Montería, había firmado un preacuerdo con la Fiscalía que lo beneficiaba con una condena de apenas siete años de prisión domiciliaria. El trato incluía además la posibilidad de seguir laborando normalmente, pese a la gravedad de los hechos imputados: homicidio agravado con uso de arma de fuego.
El preacuerdo fue rechazado en su momento por la jueza Ana Brigitte Verbel, quien señaló que no se probó ni legítima defensa ni ira e intenso dolor. También advirtió que hubo desproporcionalidad en la agresión y criticó duramente la actuación de la fiscal del caso, Shirley Barrios, por no sustentar adecuadamente el acuerdo en derecho.
Una tutela para evitar la prescripción
Ante la falta de pronunciamiento por parte del Tribunal, el procurador judicial Adolfo Toscano Hernández interpuso una tutela en la que denunció la violación del debido proceso y el derecho al acceso a la justicia. La Corte Suprema falló a su favor y dio a los conjueces un plazo de un mes, contados desde el 24 de abril, para pronunciarse sobre la apelación.
Dicho plazo vence este sábado 24 de mayo, pero hasta ahora no hay señales de que se haya convocado la audiencia de decisión. Si no se actúa a tiempo, el caso prescribirá en junio de 2026, cerrando definitivamente la puerta a una sentencia que repare el daño a las familias de las víctimas y siente un precedente judicial claro.
La tutela revela, además, que desde 2022 se han realizado múltiples solicitudes formales para que se resuelva la apelación, sin éxito. Entre ellas, peticiones fechadas el 18 y 22 de diciembre de 2022, el 6 de marzo, 6 de julio, 9 de octubre y 6 de diciembre de 2023, así como el 2 de abril, 24 de mayo, 26 de agosto, 29 de octubre y 16 de diciembre de 2024, y más recientemente el 7 de febrero de 2025.
¿Una justicia a punto de ceder ante el tiempo?
El caso del fiscal Lora Correa se convirtió en uno de los más sonados del país no solo por tratarse de un funcionario judicial implicado en un doble homicidio, sino por la aparente lentitud del sistema para dar respuesta oportuna. A solo dos días del nuevo límite impuesto por la Corte Suprema, la pregunta sigue en el aire: ¿responderá la justicia o dejará que el tiempo selle la impunidad?
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