Una nueva controversia agita el panorama político colombiano tras la firma de un acuerdo con Venezuela para crear una zona económica binacional en la frontera común. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, ha generado una ola de reacciones encontradas tanto en sectores políticos como en la opinión pública.
El presidente Petro defendió el acuerdo, insistiendo en que no se trata de una cesión de soberanía nacional, sino de un esfuerzo concertado para recuperar el control territorial mediante el desarrollo social y económico. A su juicio, el abandono histórico del Estado en esas regiones ha facilitado el avance de mafias y estructuras criminales. “Con desarrollo y presencia institucional, se combate la ilegalidad”, declaró el mandatario.
Desde el Ejecutivo, la alta funcionaria Diana Morales R. respaldó la iniciativa, destacando que este acuerdo busca armonizar los marcos legales entre ambos países y reactivar el potencial productivo de una región históricamente marginada. “Es un paso hacia una frontera viva, con reglas claras y oportunidades compartidas”, señaló.
Sin embargo, el entendimiento ha encendido las alarmas en sectores de la oposición. La analista y académica Sandra Borda advirtió sobre los peligros de pactar con regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro, subrayando la falta de garantías democráticas en el país vecino. “Cualquier acuerdo depende del estado de ánimo del dictador. No hay institucionalidad real en Venezuela”, sentenció.
En el Congreso, la representante Marelen Castillo pidió revisar con rigurosidad los términos del acuerdo, advirtiendo que no se puede comprometer la soberanía nacional en zonas donde aún persiste una fuerte presencia de grupos armados ilegales.
Más duro fue el pronunciamiento del senador David Luna, quien calificó el convenio como una entrega de la frontera a Venezuela. “Petro acaba de entregar nuestra frontera a Maduro”, afirmó, al tiempo que cuestionó la ausencia de debate parlamentario previo y la falta de transparencia del Gobierno.
Desde Caracas, el líder opositor venezolano Julio Borges también expresó su preocupación. A su juicio, la creación de esta zona binacional podría desestabilizar a Colombia y fortalecer redes de crimen organizado transfronterizo.
La polémica está lejos de resolverse. A medida que avance la implementación del acuerdo —con énfasis inicial en regiones como Norte de Santander, Táchira y Zulia—, se espera que el debate se intensifique tanto en los escenarios políticos como en las comunidades directamente impactadas.
Para muchos, lo que está en juego no es solo una apuesta económica, sino el modelo de relacionamiento con un régimen señalado por violaciones a los derechos humanos y prácticas autoritarias. En medio de un clima de alta polarización, el Gobierno insiste en que la integración es la vía para pacificar la frontera; la oposición, en cambio, teme que sea la puerta de entrada para nuevas formas de injerencia y riesgo.
¿Le resultó útil este artículo?
[sibwp_form id=1]
