La empresa Afinia, denunció públicamente la retención arbitraria de dos de sus vehículos —una grúa y una camioneta— por parte de algunos residentes de la urbanización Arboleda, en Montería, quienes habrían intentado impedir la suspensión del servicio de energía como medida de presión frente al conflicto que persiste en esta zona residencial.
De acuerdo con el comunicado oficial, la compañía rechazó categóricamente estas vías de hecho, que calificó como ilegales y contrarias a los canales institucionales establecidos para resolver el conflicto, el cual se originó por una conexión eléctrica irregular que opera desde el año 2022 y que acumula una deuda superior a los 3.000 millones de pesos.
“La desconexión ejecutada responde a una conexión ilegal, que vulnera la normatividad colombiana y representa un riesgo para la seguridad de más de 350 familias del conjunto residencial”, puntualizó la empresa.
Además, Afinia recordó que la defraudación de fluidos es un delito tipificado en el artículo 256 del Código Penal, y señaló que estas prácticas afectan la sostenibilidad del sistema eléctrico, incrementan las pérdidas y ponen en riesgo la operación técnica en la ciudad.
Diálogo sin compromisos
La empresa aseguró haber sostenido tres encuentros con representantes de la comunidad, con la participación de la Alcaldía de Montería, la Secretaría de Servicios Públicos, la Defensoría del Pueblo y la Personería. No obstante, hasta ahora no se han concretado acuerdos definitivos, ni por parte de la constructora responsable del proyecto ni de los habitantes.
La comunidad, por su parte, argumenta que la millonaria deuda reclamada por Afinia no les corresponde, ya que la urbanización habría sido entregada sin legalizar las conexiones, presuntamente por la firma constructora Enfoques, actualmente en el centro del reclamo ciudadano.
Llamado a la institucionalidad
Afinia insistió en su voluntad de diálogo y reiteró su disposición a construir soluciones sostenibles y legales, que permitan garantizar un servicio seguro y justo para todos. La empresa también exigió respeto y garantías para su personal técnico, que ha sido blanco de presiones en medio del conflicto.
“Continuaremos actuando conforme a la ley, defendiendo la legalidad, la equidad y la seguridad del servicio eléctrico para todos los usuarios”, agregó la empresa.
La situación en la urbanización Arboleda continúa siendo delicada y requiere de una intervención coordinada de las autoridades, para evitar nuevas confrontaciones y alcanzar una solución estructural que restituya el servicio dentro del marco legal, sin afectar a las familias que hoy enfrentan esta incertidumbre.
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