El expresidente Álvaro Uribe Vélez comenzó a cumplir su condena de 12 años de prisión en su residencia de Llanogrande, Antioquia, bajo la figura de prisión domiciliaria, luego de ser sentenciado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La medida, dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Rionegro tras la sentencia emitida el 1 de agosto, ha generado cuestionamientos por la falta de controles habituales, como el uso de brazalete electrónico o limitaciones en el uso de redes sociales y medios de comunicación. Esto le permite al exmandatario mantener su actividad pública y presencia en redes digitales.
El 6 de agosto, Uribe firmó el acta de compromisos exigida por el sistema penal, que incluye la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización previa, la obligación de atender llamados de las autoridades y permitir inspecciones por parte de funcionarios penitenciarios. Cualquier salida de su casa debe ser autorizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
La toma de huellas, fotografías y demás datos biométricos se realizará en la cárcel de Sonsón, descartándose la cárcel de La Ceja por su cierre operativo.
El juez del caso explicó que el brazalete electrónico no es necesario debido a la plena identificación del lugar de residencia y el compromiso de Uribe de permanecer en él. Además, no se impusieron restricciones a sus comunicaciones digitales, permitiéndole usar internet, celular y redes sociales sin limitaciones.
