En medio de tensiones con la Fiscalía General de la Nación, la audiencia de acusación contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial del gobierno de Gustavo Petro, fue aplazada por decisión del juzgado penal del caso. La diligencia, inicialmente prevista para este jueves 10 de abril, se reprogramó para el próximo 12 de junio.
Ortiz es investigada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según testimonios, habría entregado altas sumas de dinero al entonces presidente del Senado, Iván Name, presuntamente como parte de una red ilegal para direccionar contratos y desviar recursos públicos.
Defensa en negociaciones, Fiscalía niega inmunidad total
El aplazamiento fue solicitado por su abogado, Oswaldo Medina, quien argumentó que se han presentado dificultades en las conversaciones con la Fiscalía para lograr un principio de oportunidad, por lo que requieren más tiempo para revisar la estrategia con la exfuncionaria.
La Fiscalía, por su parte, confirmó en un comunicado que aunque ha habido acercamientos con Ortiz, rechaza otorgar inmunidad penal total debido a que la colaboración ofrecida por su defensa ha sido “confusa, contradictoria y sin evidencias objetivas” que sustenten sus afirmaciones.
“Frente a la gravedad de los delitos imputados, la inmunidad total no procede. Solo se consideraría un principio de oportunidad parcial si la información resulta útil, veraz y respaldada por pruebas”, señaló el ente acusador.
El juzgado accedió al aplazamiento, pero dejó claro que esta será la última vez que se reprograma la audiencia de acusación. Si no se llega a un acuerdo o no hay avances significativos antes del 12 de junio, el caso seguirá su curso judicial ordinario.
Este nuevo compás de espera abre una ventana para que Ortiz decida si acepta colaborar con la justicia bajo las condiciones que impone la Fiscalía. Mientras tanto, el proceso continúa bajo escrutinio público, ya que las posibles revelaciones podrían comprometer a otros actores políticos de alto nivel involucrados en el entramado de corrupción de la UNGRD.
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