Con 19 votos a favor y 2 en contra, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca reducir de forma gradual el impuesto del 4×1000, uno de los tributos más criticados por los ciudadanos y el sector empresarial.
El representante Christian Garcés, autor del proyecto, aseguró que esta es “una propuesta responsable para el impulso de la reactivación económica, aliviar la carga a empresas y emprendedores, y fomentar la inclusión financiera, sin afectar las finanzas del país”.
Según Garcés, reducir gradualmente el impuesto permitiría dinamizar la economía formal, facilitar el acceso al sistema financiero y dar un respiro a pequeños empresarios que hoy enfrentan altos costos en sus operaciones bancarias.
¿Qué es el 4×1000?
El 4×1000, oficialmente denominado Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), es un impuesto que se aplica en Colombia desde 1998 como una medida temporal para afrontar una crisis financiera. Este tributo grava con un 0,4% (cuatro pesos por cada mil) las transacciones financieras como retiros, pagos o transferencias realizadas desde cuentas bancarias.
Aunque fue concebido como una medida provisional, el 4×1000 se ha mantenido por más de dos décadas y ha sido objeto de controversia por su efecto regresivo, ya que impacta en mayor medida a los sectores de menores ingresos.
¿Por qué se busca eliminar el 4×1000?
El impuesto del 4×1000 ha sido criticado por organismos económicos, gremios y analistas, quienes señalan que desincentiva la bancarización, fomenta el uso de efectivo y castiga las transacciones formales, afectando la competitividad del país.
Además, representa una carga permanente sobre los contribuyentes sin tener en cuenta su capacidad económica, lo que va en contravía del principio de equidad tributaria.
Desde el Congreso y el Senado han surgido múltiples iniciativas para desmontarlo total o parcialmente. Sin embargo, las autoridades fiscales han advertido que el 4×1000 genera ingresos cercanos a los 10 billones de pesos anuales, por lo que su eliminación requiere medidas compensatorias o una reforma tributaria estructural.
Tras la aprobación en primer debate, el proyecto deberá continuar su trámite en el Congreso, enfrentando nuevas discusiones sobre el calendario de reducción del impuesto y su impacto fiscal. Aunque algunos sectores respaldan la medida, otros consideran que debe analizarse con cautela para no afectar el equilibrio presupuestal del Estado.
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