El senador John Moisés Besaile Fayad, del Partido de la U, enfrentará juicio ante la Corte Suprema de Justicia tras la decisión del alto tribunal de no anular el proceso en su contra. La investigación se centra en su presunta responsabilidad en un caso de falsedad ideológica en documento público, agravada por el uso, dentro de un esquema de corrupción en el departamento de Córdoba.
La Sala de Casación Penal ratificó el fallo de la Sala Especial de Primera Instancia, que rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del congresista. De este modo, el juicio continuará su curso, según lo establecido en el auto AEP051 del 24 de abril de 2024 y confirmado en la audiencia del 5 de junio de 2024.
El caso: acreditación fraudulenta para desviar recursos públicos
Besaile Fayad es investigado por haber firmado una resolución con información falsa, cuando ejercía como secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba. El documento certificaba que la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica tenía personería jurídica desde 2012, cuando en realidad había sido creada en 2013.
Esta acreditación fraudulenta habría sido clave para que la corporación sirviera como canal de desvío de recursos del sistema de regalías destinadas a proyectos de ciencia y tecnología. Se presume que estos movimientos hacían parte de una estructura de corrupción encabezada por el exgobernador Alejandro Lyons y el exsenador Musa Besaile Fayad, hermano del acusado.
Según la Corte, existen pruebas que vinculan a John Moisés Besaile con estos hechos, razón por la cual la Sala Especial de Instrucción lo acusó formalmente y remitió su caso a juicio.
El antecedente de Musa Besaile y el “Cartel de la Toga”
Cabe recordar que el exsenador Musa Besaile fue condenado por corrupción en el escándalo del “Cartel de la Toga”, tras pagar $2.000 millones para evitar una orden de captura en su contra por nexos con grupos paramilitares. Los fondos utilizados provenían de dineros públicos desviados, según determinó la Corte Suprema.
Con este nuevo caso, la justicia sigue desenredando una de las tramas de corrupción más graves en Córdoba, que involucra a influyentes figuras de la política regional.
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