Una jornada de terror vivieron este martes 10 de junio los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, tras una ofensiva simultánea de grupos armados ilegales que dejó un saldo de siete personas muertas y más de 30 heridas. Según el reporte de la Policía Nacional, se registraron 24 atentados en total, marcando uno de …
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Aterrador balance de violencia: 24 atentados sacuden a Cali y 11 municipios del Cauca

Una jornada de terror vivieron este martes 10 de junio los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, tras una ofensiva simultánea de grupos armados ilegales que dejó un saldo de siete personas muertas y más de 30 heridas. Según el reporte de la Policía Nacional, se registraron 24 atentados en total, marcando uno de los días más violentos del año en el suroccidente colombiano.
Violencia en Colombia
En Cali, al menos tres explosiones ocurrieron en distintos sectores del sur y oriente de la ciudad. Motos cargadas con explosivos fueron detonadas cerca de estaciones de Policía y zonas residenciales. El atentado más grave se presentó en Meléndez, donde una explosión acabó con la vida de un cuidador de motos y dejó 22 personas heridas. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del estallido.
Simultáneamente, en 11 municipios del Cauca —incluyendo Caloto, Toribío, Suárez y El Patía— se reportaron ataques con armas de fuego, explosivos lanzados con drones y vehículos bomba. Las disidencias de las FARC, al mando del Estado Mayor Central, serían las responsables de los hechos, aunque no se atribuyeron directamente los ataques. En esta región murieron dos policías y se reportaron al menos 14 heridos, entre ellos varios civiles.
La escalada de violencia coincide con el aniversario de la muerte de alias “Mayimbú”, excomandante guerrillero abatido en 2022. Autoridades consideran que los ataques podrían ser una retaliación simbólica por su caída. El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, calificó los hechos como “demenciales” y aseguró que se reforzarán las operaciones en la zona.
Frente a la gravedad de la situación, el Gobierno decretó ley seca y restricciones al comercio. Se ofrecieron hasta 900 millones de pesos en recompensas para quienes entreguen información sobre los responsables. Analistas y organizaciones de derechos humanos advierten que esta arremetida refleja el deterioro de la seguridad en medio de una política de “paz total” que no ha logrado contener el avance de los grupos armados ilegales.
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