Una protesta silenciosa pero cargada de angustia se tomó desde la madrugada de este lunes 7 de julio la Alcaldía municipal de Valencia. Más de 55 familias campesinas de la vereda San Fernando, en el corregimiento de Jaraguay, ocuparon pacíficamente la sede administrativa para exigir una solución justa ante el desalojo que pesa sobre sus tierras por orden del Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia.
La orden, programada para ejecutarse el próximo 15 de julio, amenaza con dejar sin techo ni sustento a decenas de familias que han habitado y trabajado en esos predios durante más de una década. Los manifestantes, acompañados por líderes sociales, representantes de asociaciones campesinas y miembros de Asocomunal, claman ser escuchados por las autoridades locales y nacionales antes de que se concrete lo que califican como una “injusticia institucional”.
“El tribunal ya le reconoció la compensación al reclamante, pero ahora se pretende despojar a quienes también son víctimas y compraron de buena fe. Esto es una revictimización”, aseguró Elvira del Carmen Negrete Vázquez, vocera de la organización Víctimas Revictimizadas.
Una historia de tierras, conflicto y abandono estatal
El conflicto se remonta a la venta de 398 hectáreas hecha hace más de 30 años por Lázaro García al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). Pese a haber recibido compensación económica como víctima del conflicto armado, García interpuso años después una solicitud para que esas tierras fueran devueltas al Fondo de Restitución.
Los actuales ocupantes aseguran haber adquirido los terrenos a través de compraventas con beneficiarios originales del INCORA, muchos de los cuales abandonaron las tierras por voluntad propia. Sin embargo, la mayoría de los campesinos no cuenta con escrituras formales, ya que las transacciones se realizaron mediante acuerdos verbales o documentos informales, una práctica común en zonas rurales históricamente desatendidas.
Durante más de una década, las familias han vivido del cultivo de yuca, arroz, maíz, plátano y cacao, además de la cría de ganado. Muchas de ellas son víctimas del desplazamiento forzado y vieron en estas tierras la posibilidad de rehacer sus vidas.
Los campesinos piden una mesa de diálogo con el Gobierno nacional y la Unidad de Restitución de Tierras para buscar una salida que reconozca la buena fe con la que adquirieron y han trabajado los predios. Su objetivo no es enfrentarse a la justicia, dicen, sino evitar ser expulsados de sus hogares sin alternativas reales.
Mientras tanto, continúan en las instalaciones de la Alcaldía, esperando respuestas y resistiendo con dignidad.
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