En medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), salieron a la luz graves acusaciones que salpican directamente a los expresidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes).
Según un testimonio jurado entregado a la Fiscalía por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), González le habría ordenado entregar más de 70.000 millones de pesos en contratos como parte de compromisos políticos asumidos con los altos dignatarios del Congreso.
“Me dijo que esto estaba tenso en el Congreso, que no querían caminar. Que él ya tenía unos compromisos con los presidentes del Senado y la Cámara y que había que cumplirles. Me habló de montos: 60 mil millones para Name y un poco más de 10 mil para Calle, en contratos”, declaró López ante el ente acusador.
El escándalo cobra aún más gravedad tras revelarse que estos movimientos se habrían discutido en reuniones secretas, conocidas como “cónclaves”, celebradas dentro del Palacio de Nariño, sede de la Presidencia de la República. En particular, la Fiscalía reportó “vacíos inexplicables” en las grabaciones de seguridad del 21 de septiembre de 2023, fecha en la que coincidieron en el lugar Olmedo López, Sandra Ortiz y el propio Carlos Ramón González.
“Extrañamente, las cámaras presentaron vacíos inexplicados en la continuidad de la grabación”, advirtió la fiscal del caso, María Cristina Patiño, lo que ha levantado nuevas sospechas sobre la intención de encubrir posibles actos de corrupción.
El caso UNGRD sigue destapando una red de corrupción que salpica a altas esferas del poder político, y ahora compromete directamente a figuras que ocuparon los cargos más importantes en el Congreso de la República.
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