La Alcaldía de Cartagena, en conjunto con otros municipios y departamentos del país, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra una norma del Plan Nacional de Desarrollo que, según argumentan, limita gravemente la autonomía de las entidades territoriales en la planificación de su territorio.
La acción jurídica cuestiona el numeral 2° del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que establece la creación de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPAs). Según esta nueva regulación, los municipios y distritos están obligados a incorporar dichas áreas en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), con base en delimitaciones definidas unilateralmente por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y la UPRA.
“Una imposición jerárquica”
La demanda fue respaldada por Cartagena, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cali, y entidades como la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales, quienes consideran que esta norma desconoce la competencia exclusiva de los entes locales para definir el uso del suelo, establecida en los artículos 311, 313-7, 287 y 288 de la Constitución Política.
El jefe jurídico del Distrito de Cartagena, Milton Pereira, señaló que si bien la intención de proteger la seguridad alimentaria es válida, “la forma en que se impone convierte al municipio en un simple ejecutor de decisiones centralizadas, vaciando su rol como planificador del territorio”.
Aseguró que las APPAs dejaron de ser lineamientos de política agraria para convertirse en mandatos obligatorios, sin verdadera concertación con las autoridades locales: “No existe participación real en la identificación ni en el manejo de esas áreas protegidas. La norma impone y no coordina”.
Apoyo desde la Gobernación de Bolívar
La Gobernación de Bolívar también respaldó la demanda. Su secretario jurídico, Rafael Montes Costa, sostuvo que la norma es abiertamente inconstitucional porque restringe de manera desproporcionada las competencias locales: “No se garantizó una regulación adecuada que proteja las funciones de los municipios y se desconoció el debido proceso en la relación Nación-territorios”.
¿Qué pide la demanda?
Los entes territoriales solicitan a la Corte Constitucional declarar inexequible el numeral demandado, al considerar que existen mecanismos menos restrictivos —como incentivos, directrices o acuerdos de concertación— que permitirían alcanzar el objetivo de preservar zonas agrícolas sin vulnerar la autonomía municipal.
“Proteger el derecho a la alimentación es legítimo, pero no puede hacerse a costa del derecho constitucional de los territorios a gobernar su desarrollo de forma soberana”, concluyó Pereira.
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