La reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrentará un nuevo reto legislativo: su estudio y trámite fue asignado a la Comisión Cuarta del Senado, una célula con composición mixta donde el Ejecutivo no tiene el dominio asegurado.
La notificación fue oficializada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien dirigió una carta al secretario general de la corporación, Diego González, solicitando remitir el proyecto a esa comisión para su análisis. “Le solicito amablemente dar el trámite correspondiente al proyecto (…) remitiéndolo a la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Senado para su estudio y trámite”, expresó Cepeda en la comunicación.
La decisión zanja la disputa sobre el destino del articulado, revivido la semana pasada por la plenaria. Algunos sectores del oficialismo esperaban que la iniciativa fuera enviada a la Comisión Primera, donde contaban con mayorías, pero finalmente recaerá en una de las dos comisiones económicas del Senado, precisamente donde el Ejecutivo sufrió un revés en 2024 tras el hundimiento del proyecto de presupuesto.
Un camino estrecho para la reforma
Aunque el Gobierno logró revivir la reforma con el respaldo de distintas bancadas, ahora enfrenta una carrera contra el tiempo. El proyecto debe superar dos debates —en comisión y en plenaria— antes del 20 de junio, cuando concluye el actual periodo legislativo. A esto se suma la obligación de conciliar los textos aprobados, lo que limita aún más el margen de maniobra.
El ambiente político tampoco juega a favor del Ejecutivo. La reciente derrota de la consulta popular propuesta por el presidente Petro, sumada a un clima creciente de polarización en el Congreso, dibujan un panorama poco favorable.
Para el analista político Gabriel Cifuentes, el futuro del articulado sigue en entredicho: “La reforma se hunde por una sumatoria de factores que pasan desde el manejo del trámite legislativo hasta la incapacidad del Gobierno de sumar las mayorías necesarias”.
Composición incierta, resultados impredecibles
La Comisión Cuarta, compuesta por legisladores tanto de oposición como afines al Gobierno, representa un terreno incierto para el trámite. Su comportamiento en ocasiones anteriores —como el rechazo al presupuesto presentado por el Ejecutivo en 2024— anticipa que el debate será complejo y de resultados impredecibles.
Con menos de seis semanas por delante, el Gobierno deberá reorganizar sus fichas y desplegar una estrategia política efectiva si pretende que su principal apuesta en materia laboral logre ver la luz.
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