La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes decidió archivar tres investigaciones que se adelantaban contra el presidente Gustavo Petro por hechos ocurridos durante su período como senador.
El primer caso, investigado por Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, fue archivado tras determinarse que la denuncia presentada en febrero de 2021 por Pedro Antonio Herrera no contenía irregularidades disciplinarias concretas. En su queja, Herrera acusaba a Petro de violar la Constitución al presuntamente irrespetar la dignidad del entonces presidente Iván Duque y no cumplir con su juramento de defender la Carta Magna. Sin embargo, los investigadores concluyeron que la denuncia carecía de pruebas y hechos sustentados.
La segunda investigación archivada, también a cargo del mismo equipo, fue inhibida con base en los artículos 90 y 209 de la Ley 1952 de 2019, los cuales permiten el cierre de un proceso cuando se demuestra que la conducta denunciada no existió. Esta diligencia se originó en 2020 a raíz de una queja presentada por María José Linero, quien señaló que Petro había salido del país rumbo a Cuba sin permiso del presidente del Congreso. No obstante, la Comisión estableció que los congresistas no están obligados a notificar o solicitar autorización para viajar al exterior, salvo en casos de ausencia a sesiones, lo que no ocurrió en este episodio. Además, debido a la pandemia, las sesiones legislativas se realizaban de manera virtual, por lo que cualquier permiso de ausencia era innecesario.
El tercer proceso archivado correspondía a una denuncia interpuesta a través de la red social X en 2021 por un usuario identificado como @gabrielJairo5. En su publicación, el ciudadano solicitaba a la Procuraduría investigar a Petro por presunto enriquecimiento ilícito, alegando que poseía mansiones en Bogotá, Barranquilla y Florida sin haber trabajado. Los investigadores consideraron que la acusación era infundada y temeraria, por lo que determinaron su archivo.
Con estas decisiones, la Comisión de Acusación concluyó que ninguna de las denuncias presentaba méritos suficientes para avanzar en un proceso disciplinario contra el actual jefe de Estado.
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