Los habitantes de la urbanización Arboleda, ubicada en el suroriente de Montería, emitieron un comunicado en el que rechazan categóricamente las afirmaciones divulgadas por la empresa Afinia o personas vinculadas a esta, en las que —según la comunidad— se les señala como usuarios que se benefician de forma ilegal del servicio de energía eléctrica.
En el pronunciamiento, los propietarios de las viviendas aclararon que los inmuebles fueron entregados por la constructora Promotora Arboleda S.A.S. con los servicios eléctricos ya instalados, incluyendo medidores de energía visibles y en funcionamiento, y que adquirieron sus casas bajo el principio de buena fe, confiando en que las condiciones eran legales y completas.
“Rechazamos tajantemente ser señalados como fraudulentos. No somos delincuentes ni evasores. Somos víctimas de un sistema que no ha dado respuestas claras ni soluciones viables. Compramos nuestras viviendas con la confianza de que todo estaba en regla”, expresaron los voceros de la comunidad.
Además, denunciaron que han hecho gestiones formales para regularizar la prestación del servicio, incluyendo derechos de petición, cartas y solicitudes ante Afinia, pero no han recibido respuestas efectivas ni canales de atención que resuelvan el problema de la energía.
La controversia surgió luego de que Afinia suspendiera el servicio de energía eléctrica a toda la urbanización, aduciendo una deuda acumulada de más de 3.000 millones de pesos y señalando que las conexiones eran ilegales. Esta medida generó protestas, la retención de un vehículo de la empresa y bloqueos en la vía Montería–Planeta Rica.
En su defensa, la comunidad hizo un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Montería y los medios de comunicación para que intervengan en la verificación de los hechos y se garantice el respeto a sus derechos.
“Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo formal y legal, pero exigimos respeto a nuestra dignidad, a nuestro buen nombre y a nuestro derecho a tener servicios básicos sin ser criminalizados”, concluye el comunicado.
La situación sigue siendo tensa y se espera que, en las próximas horas, se avance en una mesa de diálogo entre la comunidad, Afinia y las autoridades competentes para encontrar una solución que garantice la legalización del servicio sin afectar a los usuarios que adquirieron sus viviendas de manera legítima.
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