Comunidad retiene vehículo de Afinia como protesta

La urbanización Arboleda, en el suroriente de Montería, vive un nuevo episodio de tensión tras la desconexión del servicio eléctrico por parte de la empresa Afinia. Como respuesta, desde la mañana de este martes 1 de julio, un grupo de residentes retuvo un vehículo de la compañía como forma de protesta y llamado de atención …
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La urbanización Arboleda, en el suroriente de Montería, vive un nuevo episodio de tensión tras la desconexión del servicio eléctrico por parte de la empresa Afinia. Como respuesta, desde la mañana de este martes 1 de julio, un grupo de residentes retuvo un vehículo de la compañía como forma de protesta y llamado de atención ante lo que califican como una medida injusta.

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Aunque el hecho no se ha tornado violento, los habitantes insisten en que esta acción busca presionar una solución concreta al conflicto que los mantiene sin energía desde hace varios días. Los afectados aseguran que, en múltiples ocasiones, han enviado la documentación necesaria para la legalización del servicio, sin recibir respuesta oportuna por parte de la empresa.

“De manera ilegal nos cortaron el suministro eléctrico. En reiteradas ocasiones hemos enviado la documentación para que nos legalicen y no han querido”, expresó uno de los líderes comunitarios.

La desconexión, realizada por Afinia, se dio luego de que la empresa denunciara pérdidas por más de 3.000 millones de pesos debido a conexiones ilegales en la urbanización, construida sin la debida legalización del sistema eléctrico por parte de la promotora encargada. Esta situación, según Afinia, ha persistido desde 2022.

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Los residentes afirman que no levantarán la retención del vehículo hasta que se restablezca el servicio de energía y se conforme una mesa de diálogo con compromisos claros para avanzar en la legalización definitiva del suministro.

Mientras tanto, la comunidad de Arboleda sigue enfrentando no solo la falta de electricidad, sino también un ambiente de incertidumbre ante un conflicto que mezcla responsabilidades compartidas entre constructores, autoridades y la empresa prestadora del servicio.

  


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