Condenado exconcejal de San Carlos, Córdoba, por colaborar con el Clan del Golfo en ataques a la fuerza pública y civiles

El exconcejal del municipio de San Carlos, Córdoba, Lewis Joel Acosta Soto, fue condenado a cuatro años de prisión tras aceptar su responsabilidad en colaborar con el Clan del Golfo para facilitar ataques armados contra la fuerza pública y la población civil. Sentencia para exconcejal De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Acosta …
El cargo Condenado exconcejal de San Carlos, Córdoba, por colaborar con el Clan del Golfo en ataques a la fuerza pública y civiles apareció primero en Chicanoticias Noticias Líder en Montería, Córdoba y Colombia.

El exconcejal del municipio de San Carlos, Córdoba, Lewis Joel Acosta Soto, fue condenado a cuatro años de prisión tras aceptar su responsabilidad en colaborar con el Clan del Golfo para facilitar ataques armados contra la fuerza pública y la población civil.

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Sentencia para exconcejal

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Acosta Soto pactó un preacuerdo con el ente acusador y fue sentenciado por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. La condena fue avalada por un juez penal del circuito especializado de Montería y deberá ser cumplida en centro carcelario.

exconcejal

Las investigaciones revelaron que el exfuncionario integraba una estructura criminal del Clan del Golfo con influencia en Córdoba, y su rol era clave: informaba a los cabecillas sobre los movimientos de la fuerza pública, señalaba a comerciantes y pobladores que no obedecían las restricciones impuestas por el grupo ilegal, e identificaba posibles víctimas de homicidio.

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Además, se comprobó que Acosta facilitaba recursos logísticos como transporte y dinero a la subestructura Javier Yepes Cantero, una de las facciones del Clan del Golfo con fuerte presencia en la región.

Junto a la condena, el exconcejal deberá pagar una multa equivalente a 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes y fue inhabilitado por 48 meses para ejercer cargos públicos. La decisión se suma a los esfuerzos de la Fiscalía para desarticular redes de colaboración entre organizaciones criminales y actores políticos locales.

  


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