Un profundo rechazo social ha generado en el departamento de Sucre la captura de Rubén González, conductor de la gobernadora Lucy García Montes, por el presunto abuso sexual de una niña de 7 años en el municipio de Sincé. El caso, que salió a la luz en los últimos días, ha causado conmoción y una oleada de protestas ciudadanas ante la gravedad de los hechos y la posterior decisión judicial que dejó en libertad al señalado mientras avanza la investigación.
González fue detenido por las autoridades tras conocerse la denuncia, y de inmediato fue separado de su cargo por la Gobernación, que en un comunicado oficial manifestó su rechazo a todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes. “Condenamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la integridad de nuestros menores y reiteramos nuestro compromiso con la protección de sus derechos”, se lee en el pronunciamiento.
Sin embargo, la decisión de un juez de no imponer medida de aseguramiento en centro carcelario ha causado profunda indignación entre la ciudadanía, especialmente por la cercanía del acusado con la máxima autoridad departamental. En redes sociales y medios locales, múltiples voces han cuestionado si la relación del procesado con el poder político influyó en la resolución judicial, avivando un debate sobre la independencia de la justicia en casos sensibles como este.
Colectivos ciudadanos, defensores de derechos humanos y habitantes de Sincé han alzado su voz en manifestaciones públicas, exigiendo que el proceso avance con total transparencia y celeridad, y que se garantice la protección integral de la víctima.
La Gobernación de Sucre aseguró que la niña y su familia están siendo atendidas conforme a la ruta de protección a víctimas, con acompañamiento psicosocial y jurídico por parte de las entidades competentes.
Este caso se ha convertido en un símbolo del clamor social por una justicia efectiva y sin privilegios, especialmente en delitos que afectan a la infancia, y ha puesto en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a menores y garantizar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
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