Consejo de Estado admite demanda que busca anular votación que hundió la consulta popular del Gobierno

El Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, admitió una demanda que busca anular la votación con la que el Senado de la República rechazó la consulta popular propuesta por el Gobierno nacional, un hecho que reabre el debate jurídico sobre la legalidad del procedimiento legislativo. Argumentos expuestos en la demanda de la …
El cargo Consejo de Estado admite demanda que busca anular votación que hundió la consulta popular del Gobierno apareció primero en Chicanoticias Noticias Líder en Montería, Córdoba y Colombia.

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El Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, admitió una demanda que busca anular la votación con la que el Senado de la República rechazó la consulta popular propuesta por el Gobierno nacional, un hecho que reabre el debate jurídico sobre la legalidad del procedimiento legislativo.

Argumentos expuestos en la demanda de la elección de la Consulta Popular

La acción judicial, interpuesta por un ciudadano, alega posibles irregularidades en la votación de la consulta realizada el pasado 14 de mayo, donde 49 senadores votaron en contra frente a 47 que lo hicieron a favor. Según el demandante, se alteró indebidamente el sentido del voto del senador Edgar Díaz, quien inicialmente habría votado afirmativamente, pero cuyo voto terminó registrado como negativo.

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Foto tomada de la cuenta de X @papoaminCD

Otro de los argumentos centrales de la demanda señala que se registraron solo 96 votos, cuando en realidad había 97 senadores presentes en la sesión. Además, se cuestiona que los congresistas solo tuvieron 3 minutos para votar, lo que podría haber limitado el ejercicio pleno de sus derechos.

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El proceso continúa en sede judicial

El magistrado Pedro Pablo Vanegas, quien liderará el estudio del caso, consideró que el acto de votación en el Senado constituye un acto general de contenido electoral y, por tanto, susceptible de control judicial.

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Con la admisión de la demanda, el alto tribunal decretó la práctica de pruebas y otorgó 30 días al Senado para responder a los argumentos expuestos. También se notificó al presidente Gustavo Petro y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, si lo consideran, se pronuncien sobre el proceso.

Este nuevo capítulo jurídico pone en suspenso los efectos de una de las decisiones más controvertidas del actual periodo legislativo y podría, dependiendo del fallo, reabrir la posibilidad de que la consulta popular vuelva a ser considerada por el Congreso.

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