La Contraloría General de la República, identificó un presunto detrimento patrimonial por más de $8.954 millones tras una auditoría al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), relacionado con la adquisición de drones mediante el convenio 483 de 2021. El contrato, suscrito con el objetivo de fortalecer la vigilancia en Zonas Estratégicas de Intervención (ZEII), no cumplió con los resultados esperados y evidenció fallas graves en su ejecución.
Contrato de adquisición de drones
Según el informe, los dos drones adquiridos inicialmente resultaron dañados sin que se reportara información sobre los siniestros. Además, no existían pólizas de seguro que protegieran estos equipos. La falta de garantías por parte del Fondo Paz y la omisión de la FAC en asegurar los bienes generaron un alto riesgo sobre una inversión total cercana a los $38.868 millones.
El ente fiscal señaló que durante los cuatro años del contrato se realizaron seis modificaciones, sin que se lograra cumplir con la entrega de información aeroespacial clave. A pesar de los fallos técnicos en la primera fase, se avanzó con una segunda fase sin corregir las irregularidades, lo que aumentó la exposición del proyecto a pérdidas.
Asimismo, la Contraloría criticó la débil supervisión del contrato por parte del Dapre, al no exigir pólizas a la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), y por inconsistencias entre los informes de supervisión y las actas del comité técnico. Tampoco se tuvo en cuenta la información entregada por la CIAC y la FAC sobre el estado del proyecto.
Este hallazgo se suma a una serie de alertas que el ente de control ha venido haciendo sobre el manejo de los recursos públicos en proyectos estratégicos. La Contraloría instó a las entidades involucradas a responder por las irregularidades detectadas y tomar medidas para evitar la pérdida total de los recursos invertidos.
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