En una decisión de alto impacto para el sistema de salud colombiano, la Corte Constitucional dejó sin efectos la medida de intervención impuesta por el Gobierno nacional a la EPS Sanitas, tras determinar que la Superintendencia Nacional de Salud vulneró el derecho al debido proceso al ejecutar dicha acción. La intervención, decretada en abril de …
El cargo Corte Constitucional anula intervención del Gobierno a la EPS Sanitas apareció primero en Chicanoticias Noticias Líder en Montería, Córdoba y Colombia.
Corte Constitucional anula intervención del Gobierno a la EPS Sanitas

En una decisión de alto impacto para el sistema de salud colombiano, la Corte Constitucional dejó sin efectos la medida de intervención impuesta por el Gobierno nacional a la EPS Sanitas, tras determinar que la Superintendencia Nacional de Salud vulneró el derecho al debido proceso al ejecutar dicha acción.
La intervención, decretada en abril de 2024 y prorrogada en abril de este año por un periodo adicional de 12 meses, contemplaba la toma de posesión de los bienes, haberes y administración de la entidad. Sin embargo, la Corte consideró que el procedimiento administrativo no garantizó las etapas procesales fundamentales para la defensa de la EPS.
La decisión del alto tribunal se produjo tras estudiar una tutela interpuesta por las compañías accionantes de Sanitas. Con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, la Corte revocó una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que había negado el amparo, y en su lugar reconoció la vulneración de derechos fundamentales, anulando así tanto la resolución original de intervención como su prórroga.
Además, el fallo ordena remitir el caso a la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, con el fin de monitorear el cumplimiento de las garantías constitucionales en el sistema de salud.
La decisión fue adoptada por mayoría en Sala Plena, aunque contó con el salvamento de voto del magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien se apartó del criterio mayoritario.
Esta sentencia genera un precedente significativo sobre los límites del poder de intervención del Estado en el sector salud y obliga a reforzar el respeto por los procedimientos legales en futuras decisiones administrativas similares.
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