En una decisión que ha generado fuertes reacciones, el presidente Gustavo Petro firmó este miércoles el decreto para convocar la consulta popular sobre la reforma laboral, a pesar de que la iniciativa fue hundida por el Senado en plenaria. El presidente decidió pasar por alto las múltiples advertencias penales y disciplinarias que puede tener el “decretazo”.
“Decretazo” de Petro
La controversia gira en torno al carácter del decreto, que muchos consideran inconstitucional. Juristas, partidos políticos y organizaciones sociales han advertido que la medida desconoce el papel del Congreso y rompe el equilibrio de poderes. “No es un golpe de Estado, pero sí es un acto autoritario del Gobierno”, afirmó Rodrigo Uprimny, constitucionalista y fundador de Dejusticia.
En una fuerte declaración, Uprimny hizo un paralelo con medidas autoritarias tomadas en Venezuela y El Salvador. “Uno no sabe cuándo fue el gran golpe a la democracia en Venezuela o El Salvador sino que se van haciendo cosas”, señaló.
La senadora Angélica Lozano, quien lideró la discusión del proyecto en Comisión Cuarta, calificó la medida como un “burdo chantaje”, tras declaraciones del Gobierno que condicionaron el retiro de la consulta a la aprobación de la reforma laboral en último debate de la plenaria del Senado.
El concejal Daniel Briceño anunció que, junto con el exministro Wilson Ruiz, presentaron una demanda de nulidad y una denuncia contra todos los ministros que firmaron el decreto. “No vamos a permitir que se extorsione al Congreso y al país”, señaló.
La representante Katherine Miranda también criticó fuertemente la decisión del Ejecutivo. “Gracias por el mensaje de la bandera de guerra a muerte atrás. Notificados del golpe de Estado y de su tránsito a una dictadura”, escribió en redes sociales.
¿Le resultó útil este artículo?
[sibwp_form id=1]
