La defensa del ex presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, se pronunció tras la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de admitir el estudio de la medida de aseguramiento que hoy mantiene al congresista recluido en la cárcel La Picota.
La medida fue impuesta en el marco de una investigación por presunta participación de Calle en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se le señala de recibir 1.000 millones de pesos para favorecer proyectos del Gobierno Petro durante su liderazgo en la Cámara.
El abogado defensor Billy Torres explicó que con esta revisión se busca establecer si la medida privativa de libertad se ajusta a los requisitos legales y constitucionales.
“Consideramos que no reunía los requisitos estrictamente legales. Esta solicitud de control de legalidad se interpuso para que la sala de juzgamiento verificara su procedencia, su legalidad y analizara desde la valoración probatoria si se ajusta a la ley y la Constitución”, indicó Torres.
La revisión judicial podría abrir la posibilidad para que Calle afronte el proceso en libertad.
Calle y Name, detenidos en La Picota
Calle comparte reclusión en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota de Bogotá con el expresidente del Senado, Iván Name, ambos implicados en el entramado de corrupción que habría operado desde la UNGRD.
Según la Fiscalía, Name habría recibido un soborno de $3.000 millones, supuestamente entregado por la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, por orden del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González. En el caso de Calle, el dinero habría sido entregado directamente por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla.
Los delitos que se investigan en ambos casos son cohecho impropio y peculado por apropiación.
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