Defensoría alerta grave crisis humanitaria en Arauca por violencia y restricciones de grupos armados

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre una grave crisis humanitaria que afecta a más de 600 familias en los municipios de Tame, Arauquita y Puerto Rondón, departamento de Arauca, debido a los enfrentamientos armados y a las restricciones de movilidad impuestas por grupos armados ilegales. Desde el 31 de julio de 2025, habitantes de más …
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La Defensoría del Pueblo advirtió sobre una grave crisis humanitaria que afecta a más de 600 familias en los municipios de Tame, Arauquita y Puerto Rondón, departamento de Arauca, debido a los enfrentamientos armados y a las restricciones de movilidad impuestas por grupos armados ilegales.

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Desde el 31 de julio de 2025, habitantes de más de 10 veredas, resguardos y comunidades étnicas de los corregimientos Flor Amarillo y Santo Domingo (Tame), así como de cuatro veredas en Arauquita y cuatro en Puerto Rondón, viven bajo toques de queda no oficiales que prohíben su circulación entre las 7:00 p. m. y las 5:00 a. m.. A esta situación se suman bloqueos en las vías, lo que ha incrementado el aislamiento y la falta de acceso a bienes y servicios básicos.

En la zona están vigentes las Alertas Tempranas 011 de 2023 y 023 de 2021, emitidas por la Defensoría, que ya advertían sobre el alto riesgo para campesinos, docentes, niños, niñas y adolescentes, mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes.

La entidad recordó que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) obliga a los actores armados a respetar la vida, la libertad y la integridad de la población civil, así como a proteger bienes esenciales como fincas, cultivos, fuentes de agua, escuelas y centros de salud. También reiteró el principio de distinción, que prohíbe involucrar a civiles en hostilidades o poner en riesgo su seguridad.

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La Defensoría insistió en que las autoridades competentes deben adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad y la asistencia humanitaria a las comunidades afectadas, así como para restablecer la libre movilidad y el acceso a servicios esenciales.

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