Denuncian millonario contrato del Ministerio de Salud con el Cric para apoyar consulta popular y marchas

El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció un presunto uso político de recursos públicos por parte del Gobierno Nacional, a través de un contrato firmado entre el Ministerio de Salud y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) por cerca de $39.000 millones. Según el concejal, estos fondos estarían vinculados al apoyo indígena a marchas …
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El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció un presunto uso político de recursos públicos por parte del Gobierno Nacional, a través de un contrato firmado entre el Ministerio de Salud y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) por cerca de $39.000 millones. Según el concejal, estos fondos estarían vinculados al apoyo indígena a marchas y a la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro.

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Imagen – La Silla Vacía – movilizaciones de Indígenas

Ministerio de Salud y el Cric

Briceño señaló a Noticias RCN, que el contrato contempla pagos diarios por persona entre $50.000 y $70.000 para alimentación en ollas comunitarias, además de sumas entre $1.000.000 y $4.000.000 por vehículos usados para transporte de miembros del Cric. El concejal calificó la operación como una “movida política disfrazada de inversión social”.

El cabildante advirtió que este sería solo el primer acuerdo de una serie de convenios entre el Cric y el Gobierno, que sumarían alrededor de $300.000 millones para el año 2025. Asegura que otros entes como el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras también participarían en estas transferencias.

Desde el Cric, el líder Porfirio Ramos respondió que los recursos asignados tienen como propósito fortalecer el sistema de salud indígena en los territorios. Aseguró que las movilizaciones indígenas no son financiadas con dineros del Estado, sino con fondos propios de las comunidades.

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El Ministerio de Salud, no se ha pronunciado oficialmente sobre el contrato. Sin embargo, el debate sigue abierto en torno a la transparencia en el uso del presupuesto público y la relación del Gobierno con organizaciones que respaldan su agenda política.

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