El nombre del coronel (r) William Castellanos ha quedado en el ojo del huracán tras la filtración de una serie de supuestas conversaciones atribuidas a Nicolás Petro y Day Vásquez, publicadas por la precandidata presidencial Vicky Dávila. Aunque en los chats no se menciona su nombre directamente, fuentes citadas por El Colombiano aseguran que se trataría de él, señalado como una figura con mayor influencia de la que hasta ahora se conocía en el entorno del presidente Gustavo Petro.
En los mensajes filtrados, Castellanos es descrito como el presunto encargado de facilitar el ingreso de mujeres al círculo cercano del entonces candidato presidencial, lo que ha desatado una nueva ola de cuestionamientos sobre su verdadero papel en la campaña de 2022.
Castellanos no es un desconocido dentro del equipo del mandatario. Fue uno de sus hombres de confianza desde la Alcaldía de Bogotá y se desempeñó como jefe de seguridad durante la campaña presidencial. Sin embargo, su rol parece haber ido mucho más allá de lo operativo. Actualmente es investigado por la Fiscalía dentro del expediente que indaga el supuesto ingreso irregular de 500 millones de pesos a la campaña de Petro, fondos que habrían sido aportados por el polémico empresario Diego Marín Buitrago, alias ‘Papa Pitufo’.
Uno de los episodios más sensibles en su testimonio ante el fiscal anticorrupción Elkin Ardila está relacionado con un vuelo hacia Buenaventura. Castellanos reconoció haber abordado una avioneta que, según versiones, estaría vinculada a Marín Buitrago. No obstante, negó conocer la procedencia de la aeronave o que se hubiese realizado algún pago a la campaña por ese traslado.
Además, su nombre también ha sido relacionado con presuntas influencias en el nombramiento de personas en entidades del Estado. Juliana y Verónica Guerrero, hoy vinculadas al Ministerio del Interior y a Colombia Compra Eficiente, habrían sido promovidas por Castellanos, a quien conocieron durante la campaña de 2018 en Valledupar.
El coronel (r) confirmó a El Tiempo que intercedió ante funcionarios del Gobierno para apoyarlas, alegando que ambas habían denunciado amenazas. Sin embargo, una de ellas ha sido recientemente cuestionada por el presunto uso indebido de un avión de la Policía para realizar un viaje personal.
El caso sigue escalando y pone bajo la lupa tanto el esquema de seguridad del presidente como el manejo interno de su campaña, en medio de investigaciones judiciales cada vez más complejas.
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