En el marco del proceso judicial que se adelanta por el denominado #CasoUrueta, la abogada Sulay Rico, representante de las víctimas, responsabilizó al desorden administrativo y la falta de observancia de los términos procesales como las principales causas del vencimiento de términos que hoy enfrenta el caso.
Durante su intervención ante el juez, la jurista explicó que, de haberse cumplido lo establecido en el artículo 343 del Código de Procedimiento Penal, la audiencia preparatoria debió haberse celebrado antes del 23 de abril, evitando así la configuración del vencimiento de términos que hoy podría dejar en libertad a los procesados.
“El entramado de recusaciones, impedimentos y asignaciones erráticas del caso entre funcionarios judiciales generó una cadena de retrasos. Esa es la razón real por la que hoy estamos hablando de vencimiento de términos”, afirmó Rico.
La abogada indicó que aunque algunos de esos retrasos no pueden atribuirse a maniobras dilatorias por parte de la defensa o de los procesados, sí revelan una falla estructural en la gestión del proceso, que ahora pone en riesgo la realización del juicio.
En ese sentido, anunció que no presentará oposición a la solicitud de libertad hecha por la defensa, al reconocer que los plazos legales se cumplieron sin que se diera inicio al juicio oral. No obstante, advirtió que esta situación menoscaba los derechos de las víctimas.
“Este tipo de actuaciones afecta directamente a quienes represento. Permitir la libertad de los acusados bajo estas circunstancias pone en entredicho la posibilidad de continuar con la práctica probatoria, ya que es probable que no comparezcan nuevamente”, agregó la abogada.
Finalmente, Rico hizo un llamado a las autoridades judiciales a revisar con urgencia las fallas de tipo administrativo que están generando escenarios de impunidad, y recordó que las víctimas también tienen derecho a la verdad, justicia y reparación.
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