El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, está considerando la implementación de nuevas restricciones de viaje que podrían afectar a ciudadanos de hasta 43 países, según informó The New York Times. La medida, aún en fase de evaluación por distintas agencias gubernamentales, busca fortalecer la seguridad nacional y sería más amplia que las prohibiciones impuestas durante su primer mandato.
Un borrador elaborado por funcionarios del Departamento de Estado y expertos en seguridad clasifica a los países en tres categorías, dependiendo del nivel de riesgo y cooperación con EE. UU. La “lista roja” incluiría 11 países cuyos ciudadanos enfrentarían una prohibición total de entrada a Estados Unidos. En esta lista figuran: Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.
Además, se contempla una “lista naranja” con 10 países cuyos ciudadanos enfrentarían restricciones parciales, permitiéndoseles la entrada solo en circunstancias específicas, como viajes de negocios. Para obtener la visa, se les exigiría una entrevista personal obligatoria. En esta categoría se encuentran Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Birmania, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán.
Por otro lado, una “lista amarilla” incluiría 22 países que tendrían un plazo de 60 días para mejorar sus procedimientos de seguridad y cooperación con EE. UU. Si no cumplen con los requisitos, podrían ser trasladados a una de las otras listas con mayores restricciones. Entre estos países se encuentran Angola, Benín, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Chad, República del Congo, República Democrática del Congo, Dominica, Guinea Ecuatorial, Gambia, Liberia, Malawi, Malí, Mauritania, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Vanuatu y Zimbabue.
Las restricciones propuestas se basan en criterios de seguridad nacional, tales como la falta de cooperación en el intercambio de información sobre viajeros, deficiencias en la expedición de pasaportes y riesgos para la seguridad pública. Sin embargo, aún no se ha confirmado si la medida afectará a quienes ya poseen visas vigentes o tarjetas de residencia permanente (green card). El Departamento de Estado, en coordinación con otras agencias gubernamentales, continúa revisando el borrador de la propuesta, y según fuentes citadas por The New York Times, la lista aún podría cambiar antes de ser presentada a la Casa Blanca.
