El caso judicial que involucra al líder religioso José Ramírez ha causado conmoción en Chinchiná, Caldas, y ha despertado controversia en el Eje Cafetero. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones por presuntos actos graves cometidos contra una menor de edad, un grupo de feligreses ha salido en defensa del pastor, asegurando que no actuó …
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Feligreses defienden a pastor investigado en Chinchiná y atribuyen los hechos a una “posesión”

El caso judicial que involucra al líder religioso José Ramírez ha causado conmoción en Chinchiná, Caldas, y ha despertado controversia en el Eje Cafetero. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones por presuntos actos graves cometidos contra una menor de edad, un grupo de feligreses ha salido en defensa del pastor, asegurando que no actuó por voluntad propia.
El caso se conoció tras la difusión de un video donde se observa a una adolescente escapando por una vía rural de la vereda San Andrés, visiblemente alterada, mientras era seguida por un hombre. La menor fue auxiliada por habitantes del sector y denunció haber estado retenida contra su voluntad. Según los primeros reportes, presentaba señales de haber sido sometida a una situación de riesgo extremo.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades iniciaron el proceso correspondiente contra José Ramírez, quien lideraba el Ministerio Apostólico del Reino, con sede en Santa Rosa de Cabal. Sin embargo, sus seguidores aseguran que todo se trataría de una manipulación espiritual. Afirman que Ramírez, a quien consideran un hombre íntegro y entregado a su misión pastoral, habría sido víctima de una “posesión demoníaca”.
“Se le metió el diablo”, afirmaron algunos creyentes ante medios locales, argumentando que el pastor no tiene responsabilidad consciente en lo ocurrido. Por ello, han solicitado que se le brinde apoyo espiritual en lugar de castigo, e incluso han iniciado una campaña por su liberación.
Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan el curso legal de la investigación, con el compromiso de esclarecer los hechos y garantizar la protección integral de la menor.
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