El periodista Luis Alberto Suárez fue agredido físicamente el pasado 13 de julio por el secretario de Gobierno de Ayapel, Jorge Rojas, mientras salía de su vivienda en motocicleta. De acuerdo con la denuncia, el funcionario lo persiguió, lo atacó por la espalda y le provocó una caída que le causó lesiones físicas y daños materiales.
Durante la agresión, Rojas le advirtió: “Si quieres te llevo a Medicina Legal y te pago la incapacidad para que aprendas a respetar a los hombres”. El hecho fue legitimado por el alcalde del municipio, Hugo Pinedo, quien respaldó públicamente al secretario mediante publicaciones en redes sociales. Ambos funcionarios han continuado difundiendo mensajes que estigmatizan y revictimizan al comunicador.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó de manera contundente la agresión y señaló que se trata de una estrategia de censura y amedrentamiento que vulnera la libertad de prensa. La organización exigió excusas públicas por parte del secretario Rojas y el alcalde Pinedo, y solicitó al Concejo Municipal ejercer control político ante lo que podría constituir un abuso de poder, según el Artículo 38 de la Ley 136 de 1994.
La FLIP también pidió a la Procuraduría, Fiscalía y Unidad Nacional de Protección actuar con rigurosidad, investigar y sancionar estos hechos, ya que constituyen una represalia directa contra el ejercicio periodístico. La sentencia T-061/22 de la Corte Constitucional recuerda que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio ciudadano y deben ser más tolerantes frente al control social que ejerce la prensa.
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