La implementación de cámaras de fotomultas en Córdoba ha desatado un intenso debate entre las autoridades departamentales y sectores políticos. Mientras el secretario de Tránsito, Reynaldo Martínez, defiende la iniciativa como una medida para mejorar la seguridad vial, el diputado Gabriel Calle cuestiona la falta de socialización del proyecto y las proyecciones económicas que implicaría. …
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Fotomultas: Debate entre seguridad vial y transparencia

La implementación de cámaras de fotomultas en Córdoba ha desatado un intenso debate entre las autoridades departamentales y sectores políticos. Mientras el secretario de Tránsito, Reynaldo Martínez, defiende la iniciativa como una medida para mejorar la seguridad vial, el diputado Gabriel Calle cuestiona la falta de socialización del proyecto y las proyecciones económicas que implicaría.
Críticas y respuestas oficiales
El diputado Gabriel Calle ha manifestado su preocupación por la falta de claridad en el proceso y ha advertido que el recaudo estimado podría alcanzar los $900.000 millones de pesos en 20 años, lo que considera desproporcionado. Además, insiste en que la comunidad no ha sido debidamente informada sobre la iniciativa.
En respuesta, el secretario de Tránsito aseguró que toda la información está disponible en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y calificó de infundadas las dudas sobre la transparencia del proceso.
Estado actual del proyecto de fotomultas
- Proceso licitatorio: Aún no se ha abierto formalmente, ya que está en etapa de borrador y sujeto a observaciones.
- Constitución de la sociedad mixta: El proceso debe completarse antes del 31 de mayo de 2025.
La iniciativa se basa en la Ley 1843 de 2017, que regula las fotomultas en Colombia y exige total transparencia en su implementación. Según esta norma, los operadores privados pueden recibir un máximo del 10% de los ingresos generados por las sanciones, lo que contradice las cifras mencionadas por el diputado Calle.
Mientras la Gobernación insiste en que las fotomultas contribuirán a reducir la accidentalidad en las carreteras, las dudas sobre su impacto económico y su ejecución continúan generando controversia en el departamento.
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