El Gobierno Nacional confirmó este miércoles su respaldo a la apelación radicada en el Senado para intentar revivir la reforma laboral, hundida en la Comisión Séptima. Sin embargo, voces dentro del Congreso advirtieron que, aunque hay apoyo de varias bancadas, existen restricciones legales que podrían frenar la iniciativa, debido al calendario legislativo.
“Nosotros estamos de acuerdo con la apelación. Aunque hay varias fuerzas distintas que también la respaldan, habría que hacer un compromiso. Porque aquí hay gente en el Congreso que no sabe que el año legislativo va del 20 de julio al 20 de junio. Luego, si esto se radicó en 2023, no se pueden hacer sesiones extraordinarias hasta el 20 de junio”, explicó un congresista cercano a las discusiones.
La declaración deja en evidencia uno de los obstáculos que enfrenta el Ejecutivo para lograr que la reforma laboral supere el hundimiento inicial: el Congreso no puede ser citado a extras hasta que concluya el actual periodo legislativo, lo que retrasa cualquier decisión que pretenda adelantarse antes del 20 de junio.
Desde el Ministerio de Trabajo y otras carteras, el Gobierno ha insistido en la necesidad de mantener viva la discusión sobre la reforma laboral, argumentando que es clave para avanzar en la garantía de derechos laborales, la formalización del empleo y la equidad en las relaciones de trabajo.
Sin embargo, el camino es incierto, ya que incluso si la apelación prospera, será necesario un consenso político para redefinir su ruta legislativa y evitar que se enfrente a un nuevo archivo.
Mientras tanto, la iniciativa genera divisiones tanto en el Congreso como en la opinión pública, y sectores empresariales han advertido sobre los riesgos económicos que implicaría una eventual aprobación por vía de consulta popular.
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