Una grave situación enfrenta el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Córdoba, luego de que la Gobernación advirtiera que los recursos disponibles solo alcanzan hasta este miércoles 14 de mayo. La razón: el Gobierno Nacional no ha girado los dineros necesarios para continuar garantizando este derecho fundamental a más de 177 mil estudiantes del sistema educativo oficial.
La administración departamental, encabezada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, había alertado desde el pasado 8 de mayo sobre la urgencia de una adición presupuestal de $24.733 millones solicitada formalmente a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta por parte de esta entidad nacional.
“El calvario se repite”, expresaron voceros del Gobierno departamental, recordando que este no es el primer año en el que las regiones deben acudir al Ejecutivo central para salvar un programa que debería ser prioridad nacional. La actual vigencia del PAE en Córdoba contempla una inversión cercana a los $100 mil millones, de los cuales la Gobernación ha aportado recursos propios mediante traslados presupuestales, medida que ya se agotó.
Gobierno departamental gestiona nuevas vías de financiación
Ante la falta de respaldo inmediato desde el nivel central, la Gobernación se prepara para presentar un proyecto ante el OCAD Caribe por $63 mil millones, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio durante el segundo semestre del año, y evitar que los niños y jóvenes más vulnerables vean interrumpido este beneficio clave para su nutrición y permanencia escolar.
Un llamado urgente al Gobierno Nacional
El gobernador Zuleta Bechara fue enfático al señalar que “los gobernadores del país le han manifestado al Gobierno Nacional las dificultades que existen en las regiones para garantizar el PAE. En Córdoba, pese a los esfuerzos financieros, la situación es crítica. Hacemos un llamado al director de la UApA para que no escatime esfuerzos y podamos continuar con este servicio esencial”.
La interrupción del PAE no solo pone en riesgo la nutrición de miles de estudiantes, sino también su permanencia en las aulas, lo que representa un retroceso en el objetivo de equidad educativa. Esta situación se presenta, además, en contraste con las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, quien defendió el fortalecimiento del programa como una prioridad social.
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