En un operativo sin precedentes en el departamento de Córdoba, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Juan Felipe Harman y con el apoyo de la Policía Nacional, recuperó cerca de 4.000 hectáreas que estuvieron en manos de cabecillas paramilitares, terratenientes ilegales y clanes políticos durante años. Las tierras, que se encontraban improductivas o explotadas sin cumplir su función social, fueron entregadas a asociaciones de víctimas y comunidades campesinas.
Los operativos de aprehensión material se llevaron a cabo entre el martes 29 de julio y el viernes 1 de agosto en los municipios de La Apartada, Pueblo Nuevo, Tierralta y Buenavista. En total, fueron recuperados siete predios que ahora servirán para impulsar la economía rural y garantizar derechos históricos de quienes fueron despojados por la violencia.
Una justicia agraria que se materializa
“Esta tierra sí es mía”, pueden decir hoy cientos de familias que, gracias a estas acciones, inician una nueva etapa con arraigo, esperanza y dignidad. Así lo señaló el director de la ANT, quien lideró las diligencias en el terreno y destacó la importancia de saldar la deuda histórica con los campesinos y las víctimas del conflicto armado.
Entre los predios recuperados se destacan:
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Isla Sola, Isla Sola 2, Lote 3 Isla Sola e Isla Solar 2 en La Apartada, con 737 hectáreas, adjudicadas a 100 familias pertenecientes a organizaciones como ASPHAS y Aproagrosanjorge.
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La Palmira, en Pueblo Nuevo, de 1.965 hectáreas, entregada a 100 familias agrupadas en asociaciones como Café Pisao y Raíces de San José de Cintura.
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La Macarena, en Tierralta, con 930 hectáreas, antiguamente en manos de Salvatore Mancuso, y que será adjudicada a 120 familias.
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Cartagenita, en Buenavista, de 213 hectáreas, que estuvo en poder de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y ahora pertenece a 28 familias campesinas.
Tierra para la vida y no para la guerra
Varios de estos predios estaban vinculados al proceso de Justicia y Paz como parte del Fondo de Reparación a Víctimas. Sin embargo, durante años permanecieron improductivos o bajo control de intereses privados. El operativo actual rompe con esa inercia.
“Estamos en La Macarena, una finca de lujo de 930 hectáreas, vinculada al expediente de Mancuso y a las negociaciones del Acuerdo de Ralito. Hoy la estamos recuperando para las víctimas. A 15 minutos de este lugar se firmó parte de la historia del conflicto; ahora, desde aquí, empieza a escribirse la historia de la reparación y la justicia”, afirmó Juan Felipe Harman.
Una política decidida de restitución y reparación
La recuperación de estos predios forma parte de una política agraria más amplia del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca restituir la tierra a quienes históricamente la han trabajado. Estas acciones marcan un hito en la implementación de justicia agraria en Colombia.
Con estas entregas, se avanza en el cumplimiento de los compromisos del Estado con las víctimas, en el fortalecimiento del campesinado y en el impulso de una reforma rural integral. Córdoba, uno de los departamentos más golpeados por el paramilitarismo, se convierte hoy en símbolo de reparación y esperanza.
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