Polémica internacional: una ola de rechazo se ha generado en Colombia y Guatemala luego de que la Fiscalía de ese país emitiera órdenes de captura contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa Iván Velásquez, por presuntas irregularidades en el caso Odebrecht durante su paso por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Órdenes de captura
A ambos se les acusa supuestamente de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Las decisiones de la Sala de Apelaciones de la Fiscalía guatemalteca han sido fuertemente cuestionadas por distintos sectores dentro y fuera de Guatemala.
La Cancillería colombiana, liderada por Laura Sarabia, expresó su “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante la medida, asegurando que se trata de una acción sin sustento jurídico que atenta contra los principios de la justicia internacional.
Incluso el Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo de León, rechazó la decisión de su propio sistema judicial. Aseguró que la orden de captura “carece de respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional” y que vulnera el acuerdo con la ONU que dio origen a la Cicig.
La Cicig, encabezada por Velásquez y con la participación de Camargo, desmanteló más de 100 redes de corrupción entre 2014 y 2019. Su trabajo apuntó directamente a estructuras políticas y empresariales de alto nivel, lo que generó reacciones divididas. En 2024, la ONU reiteró que los exfuncionarios de la Cicig gozan de inmunidad por su labor en la comisión.
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