Los 16 exparamilitares designados como gestores de paz, encabezados por Salvatore Mancuso, anunciaron la suspensión de su rol ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OCCP). En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, denunciaron presunto sabotaje desde el propio Gobierno, señalando al comisionado Otty Patiño, al jefe negociador con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez, y a María Paz Lara como responsables de actuar como “enemigos internos” del proceso de Paz Total.
Mancuso sobre gobierno Petro
Los firmantes de la misiva, amparados en la resolución 453 del 8 de noviembre de 2024, afirman que su labor fue reducida a un gesto simbólico, sin respaldo político ni operativo. Denuncian incumplimientos reiterados por parte de la OCCP, especialmente en la instalación de la mesa de cierre del proceso de Ralito, que fue prometida en dos ocasiones y nunca se concretó, a pesar de los compromisos públicos adquiridos.
Según los excomandantes, durante los ocho meses de su designación, la Oficina del Alto Comisionado no convocó mesas técnicas ni destinó presupuesto para el cumplimiento de su labor. Aseguran que solo un mes antes de que finalizara su encargo se les pidió un plan de trabajo que calificaron como inviable por la falta de condiciones mínimas.
El hecho que precipitó la suspensión fue la cancelación abrupta de una reunión plenaria con todos los gestores, pese a que el INPEC ya había autorizado los traslados. La suspensión, ordenada por altos funcionarios de la OCCP, fue interpretada como un intento por deslegitimar el proceso de Santa Fe de Ralito, el cual, aseguran, ha sido negado por miembros de esa oficina pese a su reconocimiento judicial e histórico.
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