El menor de edad señalado como autor material del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay confesó ante la justicia que recibió una oferta de 20 millones de pesos para ejecutar el ataque, aunque inicialmente no sabía quién era el objetivo. Según su testimonio, la orden provino de un hombre al que identificó como “el patrón del barrio” y “el jefe de la olla”, cabecilla de una estructura criminal en la zona donde residía.
La declaración, divulgada por la Revista Semana, revela que el menor, quien ya operaba como jíbaro dentro de la organización, fue abordado por el presunto cabecilla, quien le ofreció una alta suma de dinero para “hacer una vuelta”. A pesar de aceptar sin conocer detalles, el joven aseguró que temía ser asesinado tras cumplir con el encargo y que nunca recibió el pago prometido.
Durante su testimonio, el joven manifestó preocupación por la seguridad de su abuela, a quien describió como su único vínculo afectivo real. Expresó temor de que la organización criminal pueda tomar represalias contra ella debido a su colaboración con las autoridades. Señaló que muy pocos en el barrio tienen contacto directo con “el patrón”, lo que lo convierte en un testigo clave.
El menor también aseguró que solo minutos antes del atentado se enteró de que el blanco era Miguel Uribe. Según su relato, fue una mujer desconocida quien le mencionó el nombre del precandidato justo antes del ataque.
El día del atentado, el joven fue trasladado hasta el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, en una motocicleta contratada por aplicación, cuyo servicio ya había sido pagado. Declaró que no conocía al conductor ni a las otras personas involucradas directamente en la logística del crimen.
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo para el menor y su entorno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) solicitó su internamiento preventivo en el búnker de la Fiscalía, así como medidas de protección para su núcleo familiar. Estas incluyen el cambio de identidad, sostenimiento económico y reubicación, como parte de un protocolo especial de seguridad.
El caso sigue bajo investigación, mientras las autoridades intentan establecer la responsabilidad de quienes ordenaron y coordinaron el atentado.
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