Un acto de violencia extrema cometido por integrantes del cabildo indígena Gito Dokabu, en el departamento de Risaralda, ha generado una fuerte conmoción a nivel nacional. El hecho involucra a una menor de edad que fue brutalmente castigada por varios hombres con palos, en un aparente acto de corrección colectiva. La agresión, que quedó registrada en un video difundido en redes sociales, muestra cómo la niña recibe golpes en sus piernas y glúteos durante aproximadamente dos minutos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado el castigo como un acto inhumano que vulnera de manera grave la integridad física y emocional de la menor. Diversos sectores sociales han expresado su rechazo, señalando que ningún tipo de norma tradicional o costumbre comunitaria puede justificar la violencia física contra una niña. La Defensoría del Pueblo advirtió que tanto la justicia ordinaria como la indígena tienen la responsabilidad de proteger la vida y la dignidad de mujeres y niñas, sin excepción.
La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia hizo un llamado urgente a las autoridades del territorio Gito Dokabu para que se investigue y sancione a los responsables. Aunque reconocen la legitimidad del derecho propio, insisten en que este debe ejercerse en armonía con los derechos fundamentales garantizados por la Constitución colombiana. La organización enfatizó la necesidad de revisar los límites de las prácticas tradicionales cuando estas vulneran la dignidad humana.
De manera extraoficial, se ha reportado que la menor, presuntamente, habría intentado quitarse la vida tras ser sometida al castigo, lo que ha profundizado la indignación pública. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente su fallecimiento. Este elemento ha intensificado la presión sobre las instituciones para que actúen con celeridad y transparencia en el esclarecimiento de los hechos.
Las autoridades continúan recopilando información para determinar las responsabilidades y tomar las medidas correspondientes. Mientras tanto, la opinión pública exige respuestas concretas y garantías de no repetición frente a lo que ha sido calificado como una grave violación de derechos humanos. El caso reabre un debate urgente sobre los límites del derecho indígena frente a los principios universales de protección a la infancia y dignidad humana.
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