iNo va más! Corte Suprema destrona al cacique Zenú: Pueblo indígena se declara huérfano y exige respeto a su autonomía

Corte Suprema destrona al cacique Zenú: Pueblo indígena se declara huérfano y exige respeto a su autonomía El alto tribunal anuló la elección de Martín Darío Moreno como Cacique Mayor Regional y ordenó al Estado respetar el autogobierno del Resguardo de San Andrés de Sotavento. La comunidad denuncia sentirse abandonada y violentada en su esencia. …
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Corte Suprema destrona al cacique Zenú: Pueblo indígena se declara huérfano y exige respeto a su autonomía

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El alto tribunal anuló la elección de Martín Darío Moreno como Cacique Mayor Regional y ordenó al Estado respetar el autogobierno del Resguardo de San Andrés de Sotavento. La comunidad denuncia sentirse abandonada y violentada en su esencia.

En un histórico y contundente fallo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia le dio un duro revés al Ministerio del Interior y despojó de su cargo a Martín Darío Moreno Arguello como Cacique Mayor Regional del Pueblo Zenú, al considerar que su elección fue irregular y se dio en medio de un conflicto interno sin resolver. La decisión, que revoca un fallo anterior del Tribunal Superior de Montería, ha sacudido las estructuras de liderazgo tradicional en el Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento.

“El Pueblo Zenú se siente huérfano, nos han dejado sin cabeza y han desconocido nuestra voz”, expresó un líder comunitario que pidió reserva de su nombre, reflejando el profundo malestar que ha generado esta decisión entre las comunidades indígenas.

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Según el fallo, la elección de Moreno Arguello, realizada en octubre de 2024, no respetó la legislación propia del pueblo Zenú y se adelantó mientras aún persistía un conflicto intraétnico no resuelto, vigente desde 2022. En consecuencia, la Corte amparó los derechos fundamentales del resguardo a la autonomía, el autogobierno y la integridad étnica y cultural.

“La justicia colombiana ha hablado con claridad: no se puede imponer un liderazgo desconociendo los usos, costumbres y normas propias de los pueblos indígenas. El Estado tiene el deber de garantizar, no de interferir”, señala el texto de la sentencia.

El alto tribunal también ordenó al Consejo Supremo de Justicia Zenú definir, en un plazo de tres meses, quiénes están habilitados para pronunciarse sobre la validez del proceso eleccionario. Una vez se establezca esa autoridad legítima, el Ministerio del Interior deberá resolver los recursos jurídicos pendientes, esta vez bajo un estricto respeto al gobierno propio.

El fallo sienta un precedente trascendental en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y plantea serios cuestionamientos a la actuación del Estado frente a los conflictos internos de las comunidades. Además, activa los protocolos para disputas étnicas, obligando al Gobierno Nacional a abstenerse de intervenir sin que existan decisiones legítimas de la autoridad ancestral.

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Mientras se resuelve esta nueva etapa, el Pueblo Zenú queda en un limbo institucional. “Nos han quitado la dirección en medio de la tormenta. Exigimos que se nos escuche como pueblo originario, con dignidad y autonomía”, concluyó un vocero del Resguardo.

La Corte no solo anuló una elección: encendió una alerta sobre cómo se vulneran los derechos de los pueblos indígenas en Colombia.

  


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