En un operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, fueron judicializadas seis personas señaladas de integrar una red que habría hurtado equipos de alto valor pertenecientes a una reconocida empresa de telecomunicaciones, aprovechando su condición de empleados y la confianza depositada en ellos. Los imputados son Luis Fernando Díaz Olivero, Milecto Antonio Rodríguez …
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Judicializadas seis personas por millonario hurto de equipos a reconocida empresa de telecomunicaciones en Córdoba

En un operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, fueron judicializadas seis personas señaladas de integrar una red que habría hurtado equipos de alto valor pertenecientes a una reconocida empresa de telecomunicaciones, aprovechando su condición de empleados y la confianza depositada en ellos.
Los imputados son Luis Fernando Díaz Olivero, Milecto Antonio Rodríguez Tapia, Sebastián Díaz Ledesma, Harold Andrés Gómez Perlaza, Uberney de Jesús Almanza Macea y Einer Manuel Contreras Martínez, quienes enfrentan cargos por el delito de hurto calificado y agravado.
Según las investigaciones adelantadas por una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), los procesados habrían desactivado sistemas de seguridad en estaciones de telecomunicaciones ubicadas en los municipios de Cereté, Sahagún y Montería, entre marzo de 2023 y julio de 2024, para sustraer 43 baterías de litio, plantas eléctricas, ACPM y cableado, generando pérdidas que superan los 700 millones de pesos.
La confianza como herramienta para delinquir
La Fiscalía reveló que los implicados utilizaron su conocimiento técnico y acceso a las instalaciones para vulnerar los sistemas de protección y facilitar los hurtos. La evidencia recopilada —incluyendo entrevistas, interceptaciones telefónicas, vídeos, fotografías y documentos contractuales— permitió establecer su presunta responsabilidad en al menos 12 hechos similares.
El pasado 26 de mayo, funcionarios de la Sijín de Córdoba ejecutaron las capturas durante diligencias de registro y allanamiento en cuatro inmuebles ubicados en Montería y Sahagún.
La Fiscalía continúa avanzando en el proceso judicial para garantizar la reparación de los daños y la sanción ejemplar a quienes, valiéndose de su rol en una organización, atentaron contra la infraestructura crítica del sector de las telecomunicaciones.
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