En la noche del miércoles 30 de abril, las autoridades confirmaron la liberación de los ocho militares —cuatro soldados del Ejército y cuatro infantes de marina— que habían sido retenidos en horas de la tarde por habitantes de los municipios de Tumaco y Roberto Payán, en el departamento de Nariño. Según fuentes del Ejército Nacional, los uniformados fueron trasladados a Bogotá y se encuentran en buen estado de salud.
La retención se produjo mientras las tropas realizaban operaciones de seguridad cerca de la laguna Chimbuza, cuando fueron rodeadas por pobladores de la región, quienes impidieron el avance de la misión. Aunque no se han esclarecido completamente los motivos de la comunidad para retener a los militares, el Comando General de las Fuerzas Militares rechazó la acción, calificándola como una violación al Derecho Internacional Humanitario y una amenaza a la integridad de los uniformados.
Desde el momento en que se conoció la situación, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) y la Gobernación de Nariño activaron mecanismos de diálogo y mediación para lograr la pronta liberación de los militares. Gracias a ese trabajo articulado, los soldados fueron entregados horas después sin registrar afectaciones físicas.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, fue el encargado de confirmar la noticia mediante un video difundido en redes sociales cerca de las 8:00 p.m. “Han sido liberados, sanos y salvos, los ocho militares que estaban retenidos. Como gobierno departamental, municipal y Ejército, nos complace este resultado en favor de la construcción de paz”, afirmó el mandatario.
El hecho ocurre en un contexto nacional marcado por un creciente cerco de grupos armados ilegales contra la Fuerza Pública, especialmente en departamentos como Antioquia y Norte de Santander. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, reiteró que las Fuerzas Militares mantendrán su ofensiva, haciendo uso de toda su capacidad operativa, inteligencia y contrainteligencia para proteger a la población civil y a sus efectivos, en cumplimiento de la ley.
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