El menor implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay no será recluido en un centro convencional. En su lugar, será internado en un espacio especial dentro del búnker de la Fiscalía General de la Nación, bajo estrictas medidas de seguridad y con acompañamiento psicosocial y educativo.
La fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que la decisión responde al alto nivel de riesgo que enfrenta el joven y su entorno familiar, razón por la cual se activó el Programa de Protección a Testigos. Esta medida incluye cambio de residencia, apoyo económico y la posibilidad de modificar su identidad, según reveló la revista Semana.
Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumirá su custodia y, junto con el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), garantizará que el menor reciba atención integral en un entorno separado de adultos privados de la libertad, con acceso a educación y asistencia psicológica.
“Queremos garantizar un proceso de restauración de derechos. Este menor necesita medidas excepcionales de protección”, afirmó la fiscal Camargo.
La decisión ha reabierto el debate sobre el tratamiento legal de menores infractores en casos de alta gravedad. Al tiempo, salieron a la luz antecedentes familiares y condiciones de desarraigo que podrían haber influido en su comportamiento.
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