Los espejos de los baños de mujeres del Congreso de la República amanecieron con mensajes que denuncian la falta de acción frente a casos de acoso y violencia de género dentro del legislativo. Frases como “Aquí a los acosadores les renuevan el contrato” y “Rompimos el silencio y nada pasó” reflejan la frustración de trabajadoras y funcionarias ante la ineficiencia del protocolo establecido para atender estas denuncias.
Las denunciantes afirman que, aunque el Congreso implementó hace dos años un protocolo contra la violencia de género, este no ha sido efectivo. Un caso emblemático es el de Tania Acero, quien denunció haber sido víctima de agresión sexual por parte de Juan Camilo Díaz, funcionario de la oficina de prensa de la Cámara de Representantes. A pesar de haber activado el protocolo y presentar una denuncia ante la Fiscalía en enero, su agresor sigue en funciones y ella no ha recibido el acompañamiento prometido.
El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, calificó la situación como inaceptable y anunció medidas para garantizar la seguridad en el recinto legislativo. Sin embargo, las víctimas y sus compañeras insisten en que no basta con declaraciones públicas y exigen acciones concretas para garantizar entornos laborales seguros y sancionar a los responsables.
La aparición de estos mensajes es un llamado de atención urgente sobre un problema estructural en el Congreso, donde las víctimas denuncian sentirse desprotegidas y revictimizadas. La falta de resultados en las investigaciones ha generado indignación y presión sobre las autoridades para que se tomen medidas efectivas que aseguren justicia y protección para las trabajadoras.
¿Le resultó útil este artículo?
