En la tarde del lunes 2 de junio de 2025, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la apertura de una investigación contra la cadena de supermercados D1 por presuntas irregularidades en las condiciones laborales de sus empleados.
A través de su cuenta en la red social X (@antonio_sanguino), el jefe de la cartera calificó de “suma gravedad” que una empresa con utilidades superiores a los $373.200 millones en 2024 —una cifra que, según sus cálculos, equivale al ingreso mensual de 225.000 trabajadores— pudiera estar sometiendo a su planta laboral a un “régimen laboral ilegal e inmoral”.
“He ordenado abrir investigación inmediata sobre ello”, escribió el ministro, refiriéndose a las denuncias que circularon en redes y medios sobre presuntas presiones laborales inadecuadas dentro de la compañía.
En respuesta, D1 S.A.S. emitió un comunicado oficial en el que reafirmó su compromiso con el respeto a la legalidad laboral, el bienestar de sus más de 24.000 empleados directos en Colombia y la promoción del trabajo digno.
La empresa aseguró que cumple con la normativa vigente y mantiene canales de comunicación abiertos con las organizaciones sindicales, con las que sostiene un diálogo “respetuoso y permanente”. Asimismo, expresó su disposición total a atender cualquier requerimiento por parte de las autoridades que permita esclarecer los hechos de forma objetiva y transparente.
Finalmente, D1 rechazó “cualquier intento de desinformación o señalamiento infundado” que busque instrumentalizar su labor empresarial en medio de debates políticos o coyunturas específicas.
La investigación será liderada por el Ministerio de Trabajo, que evaluará si existen o no fundamentos en las denuncias recibidas.
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