La madrugada de este martes deja una nueva herida en el corazón del país. La patrullera María Alejandra Vieda Almario fue asesinada durante un ataque armado contra la estación de Policía de Valdivia, en el norte de Antioquia, una zona donde el Estado sigue sin ejercer control real y los grupos criminales imponen su ley.
El ataque ocurrió hacia las 2:00 a. m., cuando hombres fuertemente armados hostigaron la estación. La patrullera fue alcanzada por los disparos y, aunque fue trasladada a un centro médico en Yarumal, murió a causa de la gravedad de las heridas. Tenía nombre, rostro, sueños y una vocación de servicio que terminó truncada por la violencia que el país aún no logra contener.
Este nuevo asesinato vuelve a poner en tela de juicio la “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, una estrategia que, pese a sus intenciones, no ha logrado frenar los ataques contra la Fuerza Pública ni garantizar la seguridad de los territorios más vulnerables. Mientras se firman acuerdos y se anuncian treguas, las balas siguen silenciando vidas.
Valdivia no es un caso aislado. Allí hacen presencia grupos como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC, organizaciones que continúan delinquiendo y hostigando a comunidades enteras bajo la sombra de negociaciones que, hasta ahora, han demostrado ser más simbólicas que efectivas.
La muerte de la patrullera Vieda Almario no es solo una tragedia personal o institucional: es un síntoma de un país donde el discurso de paz no se traduce en realidades para quienes enfrentan todos los días la violencia de frente. La llamada “paz total” se sigue firmando en Bogotá, mientras en regiones como Antioquia se escribe con sangre.
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