La Defensoría del Pueblo, lanzó una alerta por la grave situación humanitaria que ha ocasionado el paro armado decretado por el Frente de Guerra Occidental del ELN en el departamento del Chocó. Según la entidad, más de 32 mil personas están en riesgo en la zona del río Baudó y sus afluentes.
ELN y sus intimidaciones
El paro armado, que inició este 2 de mayo y se extenderá hasta el 5 de mayo, afecta directamente a 153 comunidades con autoridades étnico – territoriales reconocidas: 127 de ellas indígenas y 26 afrodescendientes, ubicadas principalmente en el municipio del Alto Baudó, de acuerdo con la alerta lanzada por la Defensoría.
La entidad, además, advirtió que esta situación limita la movilidad y pone en riesgo los derechos fundamentales de los habitantes de la región, incluyendo menores de edad, jóvenes y adultos mayores. La amenaza se extiende a servicios básicos como salud, educación, alimentación y trabajo: “estarán en riesgo de ser vulnerados por la flagrante violación del derecho a la libre locomoción”.
Ante esto, se hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, departamental y local para que implementen acciones inmediatas y una coordinación interinstitucional efectiva que permita atender y proteger a la población civil.
“Se hace necesaria una efectiva coordinación interinstitucional y la puesta en marcha de acciones urgentes de los gobiernos nacional, departamental y local, para que sea atendida y protegida la población civil en riesgo”, indicó la Defensoría.
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