El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una grave denuncia que ha encendido las alarmas en el escenario político nacional. Según el mandatario, el presidente Gustavo Petro estaría impulsando una investigación judicial en su contra con el objetivo de encarcelarlo y así tomar control político sobre el departamento.
La acusación gira en torno a una indagación por presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) durante su periodo como alcalde de Rionegro (2016-2019). La Fiscalía lo investiga por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en un proceso que, según Rendón, ha avanzado de manera inusualmente rápida.
“Desde que asumí la Gobernación, el proceso ha tenido cuatro fiscales distintos y 30 actualizaciones por apenas dos contratos que ya están liquidados y que suman $1.200 millones”, afirmó. Para Rendón, esta celeridad contrasta con la lentitud de otras investigaciones de mayor impacto, lo que le hace sospechar una intencionalidad política detrás del caso.
El gobernador insistió en que no se ha perdido ni un solo peso en la ejecución de los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, y defendió su gestión en materia de seguridad: “Cuando llegué a la Alcaldía, Rionegro tenía 50 homicidios por año y tres estructuras criminales dedicadas al microtráfico. Al finalizar el mandato, redujimos la tasa a siete homicidios por cada 100 mil habitantes”.
Más allá de lo judicial, el mandatario alertó sobre un posible intento del Gobierno de intervenir políticamente en Antioquia: “Me preocupa que quieran seguir el libreto de Venezuela, persiguiendo y cancelando a los opositores. Si logran quitarme la libertad, Petro podría nombrar a un gobernador encargado, por el tiempo que quiera, y usurpar un mandato que casi un millón de antioqueños me otorgaron legítimamente”.
Rendón ya había sido llamado a imputación de cargos en 2023, en plena campaña electoral, una decisión que también calificó en su momento como una estrategia para frenar su ascenso en las encuestas.
Mientras tanto, el proceso sigue en curso y el clima político en Antioquia se tensiona cada vez más, en un contexto de creciente polarización nacional. Desde distintos sectores se espera que la Fiscalía actúe con transparencia, independencia y sin presiones políticas.
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