El caso del secuestro de Lyan José Hortúa, un niño de 11 años retenido por disidencias de las Farc en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, sigue conmocionando al país. Aunque el menor fue liberado recientemente, horas después se conoció el asesinato de un familiar que habría estado involucrado en la entrega del dinero exigido por su rescate.
El personero de Cali, Gerardo Mendoza, confirmó este jueves que la víctima fue Antonio Cuadros, primo del padrastro de Lyan. Según declaraciones de los familiares, Cuadros fue quien entregó el dinero a los captores. Su crimen ocurrió en Cali y ha generado una nueva ola de indignación por la violencia relacionada con los secuestros.
“Todo es un acto repudiable. La muerte no puede hacer carrera en el territorio”, manifestó el personero Mendoza, al tiempo que reiteró la gravedad de los hechos que rodean la liberación del menor.
Lyan fue secuestrado el pasado 3 de mayo en el caserío de Potrerito, Jamundí, cuando salía de la iglesia junto a su madre. En ese momento, hombres armados interceptaron a la familia y se llevaron al niño, lo que encendió las alarmas en la región.
El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter), condenando el secuestro del menor y calificando como inaceptable la participación de grupos ilegales en hechos que vulneran los derechos de los niños. “Lyan no tiene la culpa. Como niño debe ser respetado. Los secuestradores posiblemente del EMC solo mostraron que están en la lógica típica de los narcotraficantes. Sin embargo, si algo hay que proteger, son los derechos del niño, que hoy está libre y sano y salvo”, escribió el mandatario.
Según autoridades del Valle del Cauca, detrás del secuestro estaría una estructura disidente de las Farc que opera activamente en la zona. De hecho, el departamento es uno de los más golpeados por el conflicto armado en Colombia, con presencia de grupos ilegales en más del 67 % de su territorio.
Este caso pone nuevamente en entredicho los avances de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno desde 2022. Aunque se han alcanzado algunos acuerdos con organizaciones armadas, los procesos con disidencias como el EMC han tenido rupturas y continúan generando hechos violentos, como secuestros y asesinatos.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el crimen de Antonio Cuadros y dar con los responsables, mientras la comunidad y los defensores de derechos humanos exigen garantías reales de seguridad en la región.
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