La abogada María Cristina Cuéllar Cárdenas radicó un incidente de desacato ante el Consejo de Estado contra el presidente Gustavo Petro y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), por presunto incumplimiento de un fallo de tutela que protegía su derecho fundamental a la información. El fallo, emitido el 11 de abril de 2025, ordenaba …
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Piden sanción contra el presidente Petro por presunto desacato a orden judicial

La abogada María Cristina Cuéllar Cárdenas radicó un incidente de desacato ante el Consejo de Estado contra el presidente Gustavo Petro y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), por presunto incumplimiento de un fallo de tutela que protegía su derecho fundamental a la información.
El fallo, emitido el 11 de abril de 2025, ordenaba al Ejecutivo abstenerse de transmitir consejos de ministros por televisión abierta, tanto en canales públicos como privados. Sin embargo, según Cuéllar, esta orden fue ignorada apenas diez días después con una nueva intervención del mandatario en cadena nacional.
Incidente de desacato contra Petro
La jurista señaló que la transmisión no se trató de una alocución legítima, ya que no fue breve ni se limitó a un asunto de urgencia nacional. Por el contrario, afirma que se trató de una intervención prolongada con contenido político, en la que Petro cuestionó el fallo judicial, criticó a medios de comunicación y promovió una consulta popular.
Cuéllar argumentó que este acto representa una maniobra para eludir el fallo y constituye un uso indebido del espacio televisivo público, afectando la neutralidad informativa que exige la Constitución. Por ello, solicitó sanciones como arresto o multa, amparada en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.
Además, pidió al Consejo de Estado implementar medidas preventivas para evitar nuevos desacatos, incluyendo la posibilidad de que los canales de televisión se abstengan de emitir transmisiones que no cumplan con los criterios de una alocución presidencial válida. Según la abogada, este caso hace parte de un patrón del Ejecutivo de desacatar fallos judiciales.
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