La Procuraduría General de la Nación lanzó una dura crítica al Gobierno por mantener la suspensión de las operaciones militares contra el bloque de disidencias de alias ‘Calarcá’, responsables del asesinato de siete militares en Guaviare. El procurador delegado Samuel Arrieta calificó esta decisión como una “burla” para la fuerza pública que afecta su moral y compromiso.
Procuraduría y las decisiones del Gobierno
Arrieta fue contundente al señalar que no se puede exigir respeto por los derechos humanos mientras los uniformados son enviados “en bolsas a sus casas”. En su declaración, acusó al Ejecutivo de confiar ciegamente en una negociación con criminales, pese a las consecuencias mortales que esta decisión ya ha generado.
La Procuraduría pidió explicaciones al Ministerio de Defensa y cuestionó si el decreto, basado en la buena fe de una mesa de diálogo, se mantendrá en el tiempo. Según Arrieta, esta política ha dejado a los militares expuestos y desprotegidos frente a grupos armados ilegales que no han mostrado voluntad de paz.
Además, el procurador delegado comparó la situación actual con la época más violenta del país: “Esto no lo veíamos desde Pablo Escobar. Más de 30 muertos este año en medio de esta política de suspensión”. Aseguró que se ha solicitado una respuesta formal al ministro Pedro Sánchez y que se estudia abrir una investigación disciplinaria.
El Ministerio de Defensa tiene un plazo de tres días para rendir cuentas ante la Procuraduría. Mientras tanto, el país sigue enfrentando un recrudecimiento de la violencia en varias regiones, en medio de fuertes cuestionamientos a la estrategia de paz total del gobierno.
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